La UNPA institucionalizó el reclamo por el boleto estudiantil gratuito Destacado

17 May 2019
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El Consejo Superior de la Universidad pidió la reglamentación de la Ley Nº 3439, aprobada en 2015 y su implementación efectiva. Darán continuidad a las gestiones ante distintos organismos. Un relevamiento realizado entre 2016 y 2017 estimó los gastos en movilidad de los alumnos de la institución, en ese entonces, en 20 millones de pesos

En el marco de la primera sesión ordinaria, realizada a fines de abril en Río Turbio, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobó una resolución que declara “de suma importancia la reglamentación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito Urbano e Interurbano”, aprobada por la Legislatura Provincial en 2015 y reclama su “implementación efectiva”.
Fueron los representantes del Claustro Estudiantil quienes en esa primera reunión pidieron al órgano de gobierno de la universidad que se expida al respecto – anteriormente el cuerpo colegiado había acompañado el reclamo de distintas agrupaciones estudiantiles- a raíz del impacto económico y el obstáculo que representa el costo de movilidad para los jóvenes y adultos que transitan los distintos niveles de la educación pública.
La Ley Nº 3439, impulsada por el diputado Jorge Arabel, establece el beneficio de boleto gratuito para “los estudiantes de todos los niveles educativos que residan en la provincia de Santa Cruz y que, como parte del proceso educativo, deban trasladarse dentro de la localidad de residencia, o a otra localidad dentro del ámbito provincial y hasta los 100 kilómetros desde el límite provincial, sin restricciones ni topes”. La norma debía ser reglamentada en 60 días.
También prescribía la creación de un Fondo para la provisión del Boleto Estudiantil Gratuito y postulaba a la Secretaría General de la Gobernación como autoridad de aplicación.
A partir de la institucionalización del reclamo por medio del Consejo Superior, el rector de la UNPA, Ing. Hugo Rojas reinició distintas gestiones ante el Poder Ejecutivo Provincial y se manifestó “a favor de una pronta reglamentación de la ley”, que “implicará la articulación de políticas públicas e institucionales de distintos poderes del estado y de organismos públicos para asegurar el derecho a una educación universitaria gratuita, libre e irrestricta a toda la población”.
Cabe destacar que la universidad acudió oportunamente a la Secretaría de Transporte, al Ministerio de la Producción y a la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior; realizó las denuncias correspondientes a las empresas que no daban cumplimiento a la legislación nacional – descuento de hasta 20 por ciento en tramos de media y larga distancia- y provincial y trabajó con alumnos de distintas localidades para morigerar el impacto de la movilidad.

Relevamiento

Incluso luego de la aprobación de la ley, entre 2016 y 2017, la UNPA generó un informe sobre la cantidad de alumnos de la institución y las distintas formas de transporte vinculadas al boleto estudiantil que utilizaban, incluyendo transporte urbano, media y larga distancia.
“Hicimos un trabajo muy detallado, alumno por alumno , en cada punto de residencia y nos dio que en ese tiempo el monto total requerido por estudiantes de la universidad para poder trasladarse era de 20 millones de pesos”, precisó en declaraciones a FM UNPA el director general de Bienestar Universitario, Prof. Mariano Nieto, quien remarcó que “fuimos la única institución de Santa Cruz que hizo este relevamiento”.
Para dimensionar la problemática, Nieto ejemplificó con los jóvenes y adultos de El Chaltén que cursan estudios en a Unidad Académica San Julián y que cada semana tienen que trasladarse incluso hasta Río Gallegos, con “costos mayores a los 3000 pesos por cada viaje, lo que generaba que algunos alumnos para estudiar en la universidad publica tenia que tener un presupuesto de al menos 12.000 pesos solo para el transporte publico”.
“Nos propusimos como institución poder llevar a la práctica la propuesta de reglamentación de la ley, porque somos la institución mas grande de la provincia y mas diversa en cuanto a la distancia entre los lugares de residencia de los estudiantes y las localidades en las que funcionan las unidades académicas, pero la norma nunca se reglamentó”, sentenció.
El titular de la DGBU consideró que hoy “ante la crisis económica los alumnos muchas veces ven disminuidas sus posibilidades reales de seguir estudiando en nuestra universidad o en otras instituciones, porque el costo del transporte les significa un valor muy elevado” y destacó que “el Consejo Superior haya asumido como propio el reclamo y desde la gestión se apunte a brindar una fuerte difusión y acompañamiento para que finalmente se pueda reglamentar esta ley”.

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